Aún estamos a tiempo para el diálogo: un referéndum pactado

Si se insiste en la vía de sostener y agrandar el conflicto no habrá ganadores, todos seremos perdedores. Solo es posible salir bien de esta espectacular crisis de estado con un pacto político

Joan Coscubiela

Artur Mas y Carles Puigdemont en enero de 2016. 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Artur Mas y Carles Puigdemont en enero de 2016. GENERALITAT DE CATALUNYA

En ocasiones hace falta situarse al borde del precipicio para que el vértigo que produce mirar al abismo active el instinto de supervivencia.

Eso parece haber pasado en una parte de la sociedad catalana y española. Por fin amplios sectores de la ciudadanía que siempre han defendido el diálogo, pero que lo hacían en la intimidad y nunca en público para evitarse conflictos o la incomodidad de ir contra corriente en sus respectivas sociedades, han decidido abandonar el silencio para hacer pública su preocupación y explicitar su apoyo al diálogo y a soluciones negociadas.

Sinceramente no me hago ilusiones, porque quizás esa reacción de supervivencia haya llegado demasiado tarde para cambiar el rumbo de las cosas.

Los gobiernos español y catalán, junto con las fuerzas políticas y sociales que les dan apoyo, han ido mas allá de lo que pueden controlar. Parece que el conflicto se les ha escapado de las manos y está fuera de control. Entre otras cosas porque su enquistamiento y la falta de propuestas ha polarizado las posiciones en beneficio de los planteamientos más radicalizados y en detrimento de los que proponíamos tender puentes y buscar soluciones.

El gobierno Rajoy ha repetido demasiadas veces y con toda vehemencia su negativa a dialogar y a presentar propuestas. Ha jugado a alimentar el conflicto con Catalunya para convertirlo en su particular yacimiento de votos en toda España. Se ha negado a reconocer la existencia del problema y ha apostado a que se deshinchara por el mero paso del tiempo. Se ha cerrado tanto en banda y ha repetido tantas veces su “ni puedo ni quiero”, por otra parte falso, porque sí puede, pero no quiere. Ha alimentado tanto una posición de cerrazón más destinada a cohesionar a los suyos que a encontrar una solución, que ahora no se atreve a aceptar que pueda haber una solución dialogada. Por si fuera poco, la desastrosa y violenta actuación el 1 de octubre le ha situado a la defensiva en España y a nivel internacional y ahora necesita justificar aún más su injustificable actuación, adoptando una posición de firmeza. Y necesita tapar su falta de valentía política — porque hoy lo valiente es apostar por el diálogo — con actuaciones contundentes que tapen el desastre de estos años.

De otra parte, el gobierno catalán y las fuerzas que le dan apoyo, en su pretensión de declarar unilateralmente la independencia, también se han ido cerrando los márgenes de maniobra. Han confundido la legitimidad de reivindicar la independencia con la viabilidad de su declaración unilateral. Han explicado a la ciudadanía que un referéndum unilateral es mas fácil que un referéndum pactado. Que a través de un referéndum unilateral se puede llegar a una independencia efectiva. Que este proceso sería rápido y sin riesgos ni costes. Que, aunque se tenga la oposición del gobierno español, se iba a tener el apoyo internacional y de la Unión Europea. Que la legalidad es un buffet libre en el que cada uno escoge el plato que más le gusta — o sea las leyes que le apetece cumplir y las que no — . Que solo hace falta tener mucho apoyo en Catalunya a la independencia para que el mundo nos la reconozca. Que si se materializa la independencia eso no significa la salida de la Unión Europea y que en todo caso los que deben estar preocupados son los europeos, que pierden nuestro mercado, y no nosotros. Que España es un todo monolítico e irreformable y que, por tanto, nada cambiaría, aunque cambien las mayorías políticas.

El Estado español no va a derrotar al movimiento independentista

Todas estas afirmaciones y muchas más han construido durante estos años un relato hegemónico en Catalunya. Y han generado un clima de ilusión que ha sido capaz de crear el movimiento social más importante de toda Europa en los inicios del siglo XXI. Y de hacerlo de manera sostenida en el tiempo durante 5 años. Un movimiento que, aun no siendo mayoritario en la sociedad catalana, ha demostrado una gran capacidad de atracción social en sectores muy amplios y diversos de la sociedad. Que aumenta su apoyo cada vez que Rajoy hace una de las suyas, que es casi cada día. Que ha sido capaz de mantenerse en el tiempo a pesar de que todos y cada uno de los objetivos apuntados durante estos cinco años se han demostrado irrealizables. Baste recordar los diferentes eslóganes de las manifestaciones del 11 de septiembre, desde la del 2012, y qué fue de ellos.

Por si fuera poco, ambos gobiernos y fuerzas en conflicto han menospreciado e incluso ninguneado a quienes durante estos años venimos planteando la salida negociada del referéndum pactado. Las descalificaciones sufridas en España se basan en la falsedad de que nuestra propuesta no cabe en la Constitución, como si esta fuera un ente fosilizado y no susceptible de ser interpretado y si cabe modificado por la política, que para eso está. Y en Catalunya ha consistido en considerar el referéndum como pantalla pasada, y el referéndum pactado como una ingenuidad.


Y ahora, cuando después del 1 de octubre y de lo que consideran un referéndum vinculante, deben dar el paso definitivo, el de la proclamación unilateral de independencia, asoma el vértigo y las piernas tiemblan. Porque sea cuál sea el camino que elija el presidente Puigdemont, los costes pueden ser muy elevados, no solo en términos políticos, también sociales. Si decide continuar en su fuga hacia delante y en la estrategia de acción-reacción, las consecuencias son evidentes: la aplicación, en cualquiera de sus formatos posibles, del artículo 155 de la CE o cualquier otra medida de excepción. Y si este próximo martes decide dar marcha atrás en la declaración unilateral de independencia, sea cual sea la manera de disimularlo, los costes no serán menores. Porque explicar a los cuadros de los partidos esta decisión en clave de habilidad táctica es relativamente fácil, pero explicarle a centenares y centenares de miles de personas que la promesa de una independencia unilateral, rápida, sin riesgos ni costes ha sido un engaño orientado a mantener la ilusión vía ficción y simulación es francamente muy difícil, incluso con el apoyo de toda la división mediática a su servicio.

Para terminar de complicar las cosas, muchos y desde distintas y contrapuestas posiciones han consolidado la idea de que el conflicto puede acabar con ganadores y perdedores. Un espejismo para alimentar a los hooligans respectivos, pero que impide el diálogo.

El Estado español no va a derrotar al movimiento independentista. Y todos los intentos de derrotarlo y humillarlo solo sirven para hacer más grande y amplio el apoyo social, incluso de quienes no son independentistas pero no soportan este ejercicio prepotente y autoritario del poder. Como se pudo comprobar el 1 de octubre.

Por muy amplio, fuerte y sostenido que sea el apoyo a la reivindicación independentista, esta no va a conseguir doblegar la resistencia del Estado español

Y en sentido contrario, por muy amplio, fuerte y sostenido que sea el apoyo a la reivindicación independentista, esta no va a conseguir doblegar la resistencia del Estado español. Entre otras cosas porque, como nos enseña la vida, la más grande y espectacular movilización siempre es una parte, solo una parte, de la sociedad.

Si se insiste en la vía de sostener y agrandar el conflicto, no habrá ganadores, todos seremos perdedores. Solo es posible salir bien de este conflicto, que hoy ya es una espectacular crisis de estado, si se apuesta por el diálogo y el acuerdo.

Soy consciente que en este contexto pretender el diálogo es harto difícil, pero hay que mantener esta posición hasta el final. Especialmente aquellos que lo hemos hecho en absoluta minoría durante tantos años.

A estas alturas del conflicto y de su enquistamiento, no basta con una apelación genérica al diálogo, es necesario poner encima de la mesa propuestas concretas, que sean viables y aplicables en un tiempo relativamente breve. Aunque nadie puede esperar milagros y menos que se consiga invertir en pocas semanas una tendencia hacia el abismo que dura ya muchos años.

Deberíamos todos tener claro que, a estas alturas, no sirven ni placebos ni soluciones que pudieron ser útiles hace años pero que hoy han quedado desfasadas. Cualquier posibilidad de acuerdo pasa porque en Catalunya se celebre un referéndum en el que se consulte a su ciudadanía su opinión sobre el futuro político de Catalunya. Resulta imprescindible saber qué opina el conjunto de la ciudadanía de Catalunya, especialmente después de unas llamadas elecciones plebiscitarias de septiembre del 2015 y del proceso del 1 de octubre, de la que algunos quieren inferir mandatos democráticos que no existen. La única manera de hablar en nombre de la sociedad catalana es permitir que se exprese en referéndum. Dentro de este marco y de sus márgenes, las posibilidades de acuerdo existen — si se quiere, claro — y son mucho más grandes de lo que se ha dicho y explicado hasta hoy.

La propuesta que sugiero en esta reflexión no es nueva. La han venido defendiendo constitucionalistas de todas las ideologías y con especial solvencia Rubio Llorente, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado. Y catedráticos de diferentes ideologías e incluso con posiciones absolutamente contrapuestas entre sí, como Joan Vintró, Xavier Arbós, Marc Carrillo o Francesc de Carreras, entre muchos otros. Incluso el profesor y Letrado Mayor del Parlamento de Catalunya, Antoni Bayona, lo ha explicado con gran solvencia en un artículo académico.

Esta vía constitucional ha sido incluso apuntada por el propio Tribunal Constitucional al menos en dos ocasiones. En la sentencia 42/2014, en la que deja claro que nada impide defender el derecho a decidir e incluso la propuesta de independencia o cualquier otra fórmula de nueva articulación del Estado, sea federal o confederal, siempre que este planteamiento se haga a través de los mecanismos previstos en la propia Constitución Española.

Cualquier posibilidad de acuerdo pasa porque en Catalunya se celebre un referéndum en el que se consulte a su ciudadanía su opinión sobre el futuro político de Catalunya

Esta sentencia utiliza la definición de “Constitución no militante” para referirse a la Constitución española y diferenciarla de otras constituciones europeas. Y lo hace en el sentido de considerar la Constitución como un texto reformable y no inmutable. Incluso utiliza como elemento de referencia la decisión del Tribunal Supremo de Canadá de 20 de agosto de 1998 sobre la propuesta de independencia del Quebec.

Y para que no haya ninguna duda, la más reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de mayo del 2017, sobre la ley de Consultas referendarias, insiste en que nada puede impedir que en el marco del desarrollo orgánico del artículo 92.3 de la Constitución Española se proceda a la celebración de referéndums consultivos en ámbitos territoriales inferiores al del conjunto del estado y en concreto en el ámbito de una comunidad autónoma.

A partir de esta sentencia se hace evidente que existe un camino constitucional para ejercer el derecho a decidir y que los impedimentos no son de naturaleza jurídica, sino políticos.

Itinerario

El contenido y el itinerario de esta propuesta para concretar la apuesta por el diálogo, con todos los matices o concreciones que se quieran introducir, podría ser del siguiente tenor.

Primero y básico, todos los pasos deberían estar marcados por el acuerdo, o al menos por la gestión del disenso que, como saben bien los que tienen experiencia negociadora, también es una forma de acuerdo.

En primer lugar se trataría de convocar un referéndum consultivo en Catalunya, utilizando las previsiones del articulo 92.3 de la Constitución española. La convocatoria le corresponde al estado y, por supuesto, debería ser objeto de acuerdo previo con las instituciones de Catalunya.

Esa convocatoria de referéndum consultivo, solo entre la ciudadanía de Catalunya, es posible con una simple interpretación abierta del articulo 92.3 o con una pequeña reforma de la Ley Orgánica 2/1980 de referéndums, que si se quiere puede ser aprobada con plazos muy breves.

En relación a la pregunta sometida a consulta existen límites, pero son perfectamente superables. Es cierto que en términos constitucionales no se puede hacer una pregunta que no quepa en el actual redactado de la Constitución Española. Pero existen mil y una posibilidades, tantas como voluntad política exista, para formular una pregunta que no sea constitucionalmente impugnable. Y ahí es donde vuelve a ser clave la voluntad de diálogo.

Por ejemplo, puede preguntarse a la ciudadanía de Catalunya si están de acuerdo en promover reformas constitucionales que permitan nuevas formas de articulación del estado, en un sentido federal y confederal y que no impidan que el resultado final pueda ser la independencia. Puede incluso utilizarse una formulación parecida a la del referéndum del Quebec, adaptada a la realidad de nuestro país.

Existe un camino constitucional para ejercer el derecho a decidir y los impedimentos no son de naturaleza jurídica, sino políticos

En relación a la pregunta es importante tener claro que el acuerdo necesario no lo es solo entre el Estado español y las instituciones catalanas. Es imprescindible el acuerdo sobre la pregunta en el conjunto de la sociedad catalana para que el referéndum sea inclusivo y todo el mundo se sienta llamado a participar. En este sentido las preguntas binarias sobre la independencia tienen el problema de hacer desaparecer del escenario a una parte de la sociedad catalana que no está de acuerdo con la situación actual, tampoco con la independencia y defiende formas de articulación federal o incluso confederales. En todo caso, si se quiere, este tampoco sería un obstáculo insalvable, aunque reconozco que es una de las principales dificultades.

La celebración de este referéndum consultivo entre la ciudadanía de Catalunya nos permitiría conocer por primera vez la opinión de la sociedad catalana y, de ser favorable a una reforma en profundidad de la Constitución española, que debe incluir la posibilidad de acceder a la independencia, continuar en el camino de buscar una solución vía pacto.

Los siguientes pasos deberían estar en consonancia con lo expresado por la ciudadanía de Catalunya en el referéndum consultivo y requerirían sin duda de nuevas dosis de diálogo para concretar los términos de esta reforma constitucional.

Sería esta reforma constitucional, acordada por el máximo de fuerzas políticas, la que se sometería a referéndum vinculante entre el conjunto de la ciudadanía española. Es evidente que este paso solo tiene sentido si antes existe un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales para dar apoyo a esta reforma constitucional.

Concretada esta reforma constitucional, que debería permitir no solo una nueva articulación del Estado español sino también la independencia, el siguiente paso sería acordar los términos en que esta nueva relación se articulara políticamente. Siempre claro a través del diálogo y la negociación.

Creo que en estos términos o parecidos es posible abrir una vía de diálogo para canalizar el conflicto.

Soy consciente de que esta propuesta no tiene la épica del referéndum unilateral ni de la declaración unilateral de independencia. Y que en el actual estado emocional de la sociedad catalana, una buena parte de la cual cree que es posible una declaración unilateral de independencia que sea efectiva, es una propuesta fácilmente descalificable con todo tipo de adjetivos.

Soy consciente también de que, desde la perspectiva del clima político creado en buena parte de la sociedad española en relación al carácter inmutable de la unidad de la nación española, aunque termine siendo una nación rota, ofrece no solo una crítica fácil, sino una descalificación segura. Y que hará falta mucha valentía política para defenderla en España.

Una valentía que el 8 de marzo del 2014 sí tuvieron los diputados y diputadas de Izquierda Unida y Chesús Yuste, de la CHA, en el Congreso de Diputados, votando a favor de una Proposición de Ley redactada en términos parecidos, por el Parlamento de Catalunya y defendida por Jordi Turull, Marta Rovira y brillantemente por Joan Herrera. Fue entonces cuando Rajoy acuñó la expresión “ni puedo ni quiero”, y cuando Rubalcaba situó al PSOE en una inconcebible subalternidad en relación al PP, sobre todo por una intervención en la que se refirió a la desigualdad entre los españoles no en términos de conflicto social entre clases, sino en el imaginario del agravio comparativo territorial.

Hoy lo cómodo y lo menos arriesgado es dejarse llevar por el clima de conflicto. Pero lo que creo que esperan de nosotros la ciudadanía es que seamos capaces de canalizar el conflicto hacia el pacto y la solución, aunque sea difícil y tenga costes políticos.

Quienes tienen experiencia de negociación saben que los acuerdos, sobre todo después de conflictos tan profundos, intensos y largos en el tiempo como este, son todo menos épicos. En lúcidas palabras de Daniel Innerarity, “un pacto requiere que nadie se empeñe en humillar al adversario, por un lado, y que caiga cuanto antes en la cuenta de que, si es un verdadero pacto y no una imposición disimulada, exigirá concesiones mutuas. De esta no salimos sin algún tipo de renuncia que será dolorosa”. Y yo añado, por todas partes.

Soy consciente también de que formular una propuesta en estas condiciones es arriesgado, sobre todo si el que la plantea ostenta una representación política en el Parlamento de Cataluña. Por eso quiero dejar bien claro que esta es una reflexión personal que no pretende representar a nadie, solo al que la suscribe. Es solo una modesta aportación a un diálogo que siempre ha sido necesario y hoy es imprescindible.


Joan Coscubiela Conesa es diputado del Parlamento de Cataluña y portavoz de Catalunya Sí que es Pot en el hemiciclo catalán.

Publicado originalmente en ctxt.es

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