Las demoliciones de casas son castigos colectivos

Michael Schaeffer Omer-Man

Fuente: Rights groups to Israel’s top court: Home demolitions are collective punishment, +972 Magazine, 4/12/2014

Familiares de Abed al Rahman Shaludi, que asesinó a dos personas, entre ellas un bebé, en la vivienda que las autoridades israelíes demolieron, como parte de su regreso a la política de demoliciones de castigo. En Silwan, Jerusalén Este, 19 noviembre 2014. (Foto: Oren Ziv / Activestills.org)

Demoler las casas de palestinos sospechosos —o convictos— de terrorismo es un castigo colectivo que, en algunos casos, constituye una grave violación del derecho internacional, ha argumentado un grupo de organizaciones de derechos humanos israelíes ante la Corte Suprema de Justicia de Israel.

Las personas más afectadas por las demoliciones de casas son los familiares del sospechoso, que no han cometido delito alguno. En muchos casos, el supuesto terrorista —cuando está vivo— no ha sido todavía condenado por un tribunal militar o civil cuando se lleva a cabo la demolición, siendo esta, por tanto, un acto extrajudicial.

El tribunal combinó el caso, que busca prohibir la práctica de las demoliciones de casas punitivas, con las apelaciones de dos familias palestinas de Jerusalén Este cuyas casas tienen órdenes de demolición. Israel ha decidido demoler estas dos casas porque dos miembros de esas familias asesinaron a cuatro rabinos en un ataque terrorista contra una sinagoga judía hace unos meses. Los atacantes fueron abatidos por la policía.

Tras el ataque, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó la demolición de sus casas, subrayando que el estado “ajustará cuentas con todos los terroristas”, insinuando que las demoliciones son acciones de represalia y punitivas. Sin embargo, ante el tribunal, el estado mantuvo que las demoliciones de casas eran únicamente medidas disuasorias.

El estado argumenta que solo la seguridad de que la familia de uno va a sufrir un daño puede disuadir a quien está dispuesto a emprender una misión en la que sabe que va a perder la vida.

Pero no hay pruebas que sustenten la teoría de la disuasión. De hecho, un estudio encargado por el ministerio de defensa israelí hace casi una década encontró que las demoliciones de casas no tienen ningún efecto disuasorio y, en algunos casos, pueden provocar incluso ataques adicionales de venganza.

Unos familiares examinan los daños después de que el ejército israelí demoliera parte de la casa de Amer Abu Aisheh, uno de los dos palestinos sospechosos del secuestro de tres jóvenes israelíes. Hebrón, 1 julio 2014. (Foto: Oren Ziv / Activestills.org)

Por entonces, Haaretz informó:

Shani llegó a la conclusión de que no se probó la existencia de una disuasión efectiva, salvo en unos pocos casos, y que el daño causado a Israel por las demoliciones era mayor que los beneficios obtenidos por el efecto disuasorio, limitados en todo caso y despreciables si se los compara con el odio y la hostilidad hacia Israel que provocan las demoliciones entre los palestinos.

El Centro Hamoked para la Defensa del Individuo y otras siete organizaciones israelíes de derechos humanos, representadas por el abogado Michael Sfard, no abordaron la cuestión de si las demoliciones de casas son una medida disuasorio o punitiva.

Independientemente de la intención —expresa o no— de la demolición de la casa familiar de un atacante, argumentó Sfard, constituye un castigo colectivo que está prohibido por la ley israelí, el derecho humanitario internacional y las leyes internacionales de derechos humanos.

El artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra establece:

Ninguna persona protegida puede ser castigada por un delito que no ha cometido personalmente. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo. El pillaje está prohibido. Las represalias contra personas protegidas y sus bienes están prohibidas.

Dentro de la comunidad de juristas, dijo Sfard a los tres jueces, la Corte Suprema de Israel y los abogados del estado están completamente solos defendiendo que las demoliciones de casas son una práctica aceptable.

“No hay nada que contradiga más la ley y los valores judíos que el castigo colectivo”, dijo Sfard.

La demanda también dice que las demoliciones de casas son realizadas de forma discriminatoria, pues las casas de los terroristas judíos no son destruidas. Escribí sobre este mismo tema aquí hace un par de semanas.

En respuesta al argumento de la discriminación, el abogado del estado dijo que a él no le preocupaba la corrección política. A diferencia de la sociedad palestina, dijo al tribunal, en la sociedad judía “no hay nada que deba ser disuadido”.

Para muchos palestinos, el hecho de que las casas familiares de los asesinos de Mohamed Abu Jedeir sigan en pie es una prueba de que la política de demoliciones de Israel es racista y punitiva. El abogado del estado, en este caso, argumentó que la conmoción pública que existe en Israel por este asesinato es una prueba de que no hay necesidad de disuadir a los judíos, aunque sí a los árabes.

El tribunal no dio ninguna fecha para entregar sus decisiones, ya sea sobre las dos demoliciones de casas o sobre el caso más general de la política de demoliciones como tal. Si el tribunal toma en consideración la demanda, es probable que nombre un panel más amplio de jueces, algo habitual cuando se tratan cuestiones de constitucionalidad.


Michael Schaeffer Omer-Man es escritor, periodista, comentarista, crítico y escéptico. Vive en Israel y es jefe de redacción de +972 Magazine y anteriormente trabajó como director de la sección de noticias de la edición en línea de The Jerusalem Post. En Twitter: @MikeOmerMan

Traducción: Javier Villate (@bouleusis)