La tortura en Israel y el incumplimiento del derecho internacional

Dr. Ishai Menuhin

Fuente: Legal experts cannot erase Israel’s history of torture, +972 Magazine, 24/10/2014

Un activista palestino que fue torturado en una cárcel israelí. (Foto: Activestills.org)

Cada vez que Israel firma un tratado, las normas internacionales exigen que presente excepciones creativas y respuestas legales farragosas de sus acciones. Al mismo tiempo, el gobierno israelí encuentra difícil cumplir los compromisos que ha asumido en nuestro nombre. Esto es así porque tanto el Servicio General de Seguridad (GSS) como los servicios de seguridad en general están más interesados en violar los derechos humanos de aquellos a quienes interrogan, que en respetar las normas internacionales.

El lunes, los representantes israelíes presentaron la postura del gobierno ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra sobre el compromiso del país con la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [en español] que Israel firmó en 1966 y ratificó en 1991.

Representantes del Comité Público Contra la Tortura en Israel (PCATI) también estuvieron presentes en la reunión. Argumentaron que Israel no ha cumplido con sus compromisos y que no ha habido ningún cambio significativo desde que los representantes israelíes comparecieron ante el comité hace cuatro años. Miembros del PCATI explicaron, además, que el gobierno israelí no ha promulgado todavía una ley contra la tortura, a pesar de su compromiso con el pacto, así como con la Convención contra la Tortura. Tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité Contra la Tortura han recomendado, en repetidas ocasiones, que Israel promulgue esa ley, algo que deben hacer todos los países que han firmado las mencionadas convenciones. El gobierno y el parlamento israelíes se han abstenido de hacerlo así.

Expertos legales han escrito respuestas largas e ingeniosas explicando que, aunque no hay una ley contra la tortura, esta está estrictamente prohibida por varias secciones de la legislación israelí. Argumentan, por tanto, que no es necesaria una ley. También se han abstenido de aplicar las recomendaciones de la Comisión Turkel para promulgar dicha ley.

Miembros del PCATI han argumentado, también, que la negativa del gobierno y del parlamento a aprobar mecanismos de protección contra la tortura son totalmente contrarias a los requerimientos de los tratados que han firmado y ratificado. Entre estos mecanismos figuran la documentación audiovisual de los interrogatorios y las visitas, sin previo aviso, de organismos independientes a las instalaciones donde se realizan los interrogatorios. La documentación audiovisual figura también en las recomendaciones fundamentales de la Comisión Turkel. Sin embargo, el respeto a la comisión, recientemente disuelta, es menor que el prestado al fiscal general y a los asesores legales de los servicios de seguridad, los cuales no tienen ningún interés en documentar los interrogatorios en los que se tortura, por no hablar de exponerlos a una investigación penal.

Por otra parte, los miembros del PCATI llamaron la atención del comité hacia los métodos discriminatorios empleados en el examen de las demandas. Estos incluyen un inspector responsable de examinar las demandas, que solo puede recomendar la apertura o el cierre de una investigación criminal (un cambio menor introducido el año pasado establece que el inspector, que, como ya se ha señalado, solo puede hacer recomendaciones, sea un empleado del ministerio de justicia; hasta ese momento, era un miembro de los servicios de seguridad); un supervisor del inspector, que está autorizado únicamente a dar por terminadas las investigaciones y no puede ordenar la apertura de una investigación criminal contra interrogadores de los servicios de seguridad; y el fiscal general, o una persona facultada para ello, que es el único autorizado para ordenar la investigación de un interrogador de los servicios de seguridad.

Soldados israelíes arrestan a un joven palestino en Hebrón y le vendan los ojos. (Foto: Activestills.org)

El PCATI destacó también ante el comité una estadística atroz: desde 2001, más de 850 demandas por torturas han sido presentadas por palestinos, pero no se ha abierto ni una sola investigación criminal. Los tres fiscales generales que ha habido en este periodo han impedido, de forma sistemática y exitosa, toda investigación de demandas por torturas, causando así un gran perjuicio al imperio de la ley. A diferencia de los ciudadanos ordinarios, parece que los fiscales generales pueden ignorar el imperio de la ley siempre que se trate de miembros de los servicios de seguridad.

Como ya se ha señalado, el gobierno israelí ha firmado numerosos tratados internacionales en nuestro nombre, pero no se ha preocupado de respetarlos. Ha declarado que somos un país comprometido con la protección de los derechos humanos. Pero la ocupación requiere el empleo de medios prohibidos y, como ya indicó el escritor israelí S. Yizhar en 1967, la tortura exigida “por la ocupación —por toda ocupación— tiene sus propias normas, pues no hay y nunca ha habido ocupantes adorables”. Hoy no es posible ser una democracia sin un compromiso firme con los derechos humanos. Las enrevesadas respuestas del gobierno tienen la finalidad de ocultar el uso de la tortura y pretenden, así mismo, impedir todo cambio significativo en la actitud de Israel hacia los derechos humanos de los palestinos.


Dr. Ishai Menuhin es director ejecutivo del Comité Público Contra la Tortura en Israel y presidente de Amnistía Internacional en ese país.

Traducción: Javier Villate (@bouleusis)

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