¿Cometió Israel un genocidio en Gaza?

Richard Falk

Fuente: Did Israel Commit Genocide in Gaza?, Foreign Policy Journal, 10/10/2014

En una sesión especial del Tribunal Russell, celebrada en Bruselas el 24 de septiembre, la operación militar israelí “Margen Protector” fue analizada críticamente desde la perspectiva del derecho internacional y tomando en consideración la acusación de genocidio. El proceso contó con una serie de testimonios de expertos en derecho y en armamentos, trabajadores sanitarios, periodistas y otras personas, la mayoría de las cuales vivieron los 50 días de asedio militar.

Un jurado compuesto por destacadas personalidades de todo el mundo, conocidas por su compromiso moral con temas de actualidad que interesan a sus sociedades y con el bienestar de la humanidad, estudiaron las pruebas con la ayuda de un equipo de expertos en derecho, que participó en la preparación de los informes y análisis que fueron considerados por el jurado, que deliberó y debatió las cuestiones relevantes en los hechos y según el derecho, sobre todo la cuestión de cómo responder a la acusación de genocidio.

Hay que reconocer que este evento nunca fue concebido como una investigación neutral. Fue motivado por la enormidad de la devastación causada por la operación Margen Protector y el horror que le acompañó, con el despliegue de armamentos de alta tecnología para atacar a una población civil vulnerable, encerrada en la zona de combate sin lugares en los que refugiarse. Este evento ha sido, también, una respuesta a la pasividad de la comunidad internacional, incapaz de hacer algo para detener la carnicería y de condenar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel contra esta población civil esencialmente indefensa y sitiada. Las operaciones militares de Israel atacaron objetivos legalmente protegidos, como los edificios de la ONU utilizados como refugios, barrios residenciales, hospitales, clínicas y mezquitas. En defensa de esta táctica, Israel afirmó que se almacenaban cohetes y municiones en estos edificios y que Hamas colocó deliberadamente sus lanzaderas de cohetes en estructuras que fueron blancos de los ataques. Las evidencias presentadas no confirmaron estas afirmaciones israelíes.

Aunque el Tribunal Russell procedió con la idea de que Israel era responsable de actos criminales, se esforzó escrupulosamente en la presentación de pruebas y en la interpretación del derecho internacional aplicable, así como en la toma en consideración de los testimonios de personas con una reconocida reputación de integridad y conciencia. Entre los testimonios más destacados hubo un informe sobre los daños causados a hospitales y clínicas realizado por el Dr. Mads Gilbert, un médico noruego que trabajó en un hospital de Gaza durante los ataques; el de Mohamed Omer, un periodista muy respetado que informó diariamente desde las zonas de combate; el de Max Blumenthal, un galardonado periodista que estuvo en Gaza en esos días y que analizó para el jurado el objetivo político que parecía estar detrás de los ataques contra la población civil; y el presentado por David Sheen, que informó en detalle sobre el odio racista exhibido por personalidades israelíes durante la operación Margen Protector, el cual fue ampliamente compartido por los israelíes en los medios sociales y nunca fue repudiado por los dirigentes políticos ni por la opinión pública de Tel Aviv.

El jurado tuvo pocas dificultades para concluir que los ataques israelíes fueron una serie de crímenes de guerra que se vieron agravados por la comisión de crímenes contra la humanidad, sobre todo por la imposición de un multifacético régimen de castigos colectivos a toda la población civil de Gaza, en flagrante y reiterada violación del Artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra. Otra destacada conclusión jurídica fue el rechazo del argumento central de Israel, según el cual estaba actuando en defensa propia contra los cohetes lanzados contra territorio israelí.

Hubo varias razones para llegar a estas conclusiones: no existe legítima defensa en relación con la resistencia organizada por un pueblo ocupado y Gaza, desde la perspectiva del derecho internacional, sigue siendo un territorio ocupado, como consecuencia del persistente y efectivo control israelí, que se mantiene a pesar de la denominada desconexión de 2005 (que habría que caracterizar más correctamente como una retirada militar); los cohetes lanzados desde Gaza fueron, al menos en parte, una respuesta a anteriores provocaciones ilegales israelíes, incluyendo las detenciones masivas de varios centenares de personas supuestamente vinculadas con Hamas en Cisjordania y la incitación a la violencia contra los palestinos como venganza por el asesinato de tres jóvenes colonos israelíes secuestrados; y, por último, el escaso daño causado por los cohetes: siete civiles muertos en los 50 días de violencia es una amenaza a la seguridad demasiado pequeña para que se la pueda calificar como “ataque armado”, tal y como es exigido por la Carta de la ONU para invocar la legítima defensa. Al mismo tiempo, a pesar de estos factores atenuantes, el jurado no dudó de la ilegalidad del lanzamiento de numerosos cohetes contra Israel que no podían distinguir entre objetivos civiles y militares. Esta forma de resistencia ilegal fue atribuida tanto a Hamas como a las milicias palestinas independientes que actúan en el interior de la Franja de Gaza.

Un tema que atrajo la atención del jurado, antes y después de sus diligencias, fue la acusación de genocidio, que ha sido calificado como “el crimen de los crímenes”. El jurado fue sensible a las diferencias entre los usos político y periodístico del término “genocidio” para describir varias formas de violencia colectiva dirigida contra minorías étnicas y religiosas, y la definición legal, más exigente, de genocidio, que requiere evidencias contundentes e inequívocas de la existencia de una “intención de destruir” específica.

Se produjo un consenso en el jurado acerca de que existían evidencias suficientes de genocidio que justificaban una cuidadosa consideración sobre si Israel había cometido realmente un delito de genocidio en el transcurso de su operación Margen Protector. Esta decisión fue, en sí misma, un reconocimiento de que hubo una atmósfera genocida en Israel, con declaraciones realizadas por políticos y gobernantes en las que se apoyaba la destrucción, eliminación y sometimiento de los gazatíes como pueblo, y de que tales incendiarios pronunciamientos no fueron en ningún momento repudiados por Netanyahu ni sometidos a investigación penal, ni siquiera al más mínimo procedimiento legal. Por otra parte, el reiterado bombardeo de Gaza en circunstancias en las que la población no tenía ninguna posibilidad de escapar o buscar refugio presta aún más credibilidad a la acusación de genocidio. El hecho de que la operación Margen Protector en la Franja de Gaza fuera la tercera agresión militar a gran escala de Israel contra una población empobrecida, sometida a un bloqueo ilegal y asediada, forma parte también de un contexto genocida más amplio.

Además, y esta es quizá la consideración más relevante de todas, Israel no agotó las vías diplomáticas antes de recurrir a la fuerza, como es exigido por el derecho internacional y por la Carta de la ONU. Israel tuvo la opción de levantar el bloqueo y explorar las perspectivas de un arreglo a largo plazo para la coexistencia pacífica que Hamas había propuesto en numerosas ocasiones en los últimos años. Estas iniciativas fueron despreciadas por Israel, argumentando que no trataba con organizaciones terroristas.

A pesar del peso incriminador de estos factores, hubo dudas legales sobre el delito de genocidio. Los líderes políticos y militares de Israel nunca respaldaron explícitamente la búsqueda de objetivos genocidas y dijeron que buscaban un alto el fuego durante la campaña militar. No hubo una declaración oficial clara que expresara la intención de cometer genocidio como algo distinto de la intensificación del castigo colectivo, que sí estaba convincentemente documentada. Una conducta y un lenguaje genocidas, aunque estuvieran presentes en los círculos del gobierno, no son suficientes, por sí mismos, para concluir que la operación Margen Protector, a pesar de su escala y su furia, equivaliera a la comisión de un delito de genocidio.

Sin embargo, el jurado estuvo de acuerdo en que los ciudadanos israelíes, incluidas las autoridades, han sido culpables, en varias ocasiones, del delito de incitación al genocidio, que está recogido en el Artículo 3(c) de la Convención sobre Genocidio. También estuvo de acuerdo en que el deber adicional de Israel y otros, especialmente Estados Unidos y Europa, de actuar para impedir el genocidio fue definitivamente comprometido por el comportamiento israelí. En este sentido, el Tribunal ha enviado un mensaje urgente de advertencia a Israel, así como un llamamiento a la ONU y a la comunidad internacional, para que se aplique la Convención de Genocidio y para que se actúe con el fin de prevenir cualquier acción de Israel que pueda cruzar la línea y, al mismo tiempo, satisfacer la difícil carga de la prueba que ha de ser superada si se ha de llegar a la conclusión de que se ha cometido un delito de genocidio. Se entiende que la acumulación de actos genocidas puede satisfacer esa exigencia probatoria que debe alcanzarse para concluir que Israel ha cometido un genocidio.

Muchos dirán que esta evaluación de la operación Margen Protector carece de autoridad legal y desestimarán las conclusiones del jurado como algo que simplemente refleja los puntos de vista previsibles de un “tribunal popular” tendencioso. Ese tipo de alegaciones se han dirigido al Tribunal Russell desde su creación, a mediados de los años 60 del siglo XX, por el gran filósofo inglés Bertrand Russell como reacción a la guerra de Vietnam. Las primeras sesiones del Tribunal Russell analizaron las acusaciones de crímenes de guerra contra EEUU en Vietnam y, en palabras de Russell, representó una toma de conciencia de los ciudadanos “contra el delito de silencio”. Esta última aventura del tribunal tiene una misión similar en relación con las acciones de Israel en Gaza, aunque no tanto contra el silencio como contra el delito de indiferencia.

En mi opinión, este tipo de tribunales, creados casi siempre en circunstancias excepcionales que ponen a prueba las limitaciones más elementales del derecho internacional, realizan unas contribuciones fundamentales a la sensibilización de la gente en situaciones de indignación moral y legal, en las que las realidades geopolíticas imposibilitan la puesta en marcha de procedimientos institucionales existentes, como el recurso a la Corte Penal Internacional o al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU. Este tipo de tribunales autoconstituidos solo surgen cuando se dan dos condiciones: primera, una circunstancia de violaciones extremas y persistentes de normas fundamentales de la moralidad y del derecho internacional, y segunda, una situación política en la que los procedimientos gubernamentales y los de la ONU son inoperantes.

Cuando los intereses de Occidente están en juego, como en Ucrania, no hay necesidad de activar iniciativas legales internacionales de la sociedad civil. Sin embargo, en el caso de Israel y Palestina, y con los gobiernos de EEUU y de la mayoría de los países de Europa Occidental dando su apoyo a cualquier cosa que haga Israel, la necesidad de un mecanismo legal y moral de rendición de cuentas es especialmente crucial, a pesar de que las perspectivas de una rendición de cuentas real sean prácticamente nulas. El pueblo de Gaza ha sufrido ya tres agresiones criminales en los seis últimos años, las cuales han dejado prácticamente a la totalidad de la población, especialmente a los más pequeños, traumatizados por la experiencia.

Hay que reconocer que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha nombrado una comisión de investigación para estudiar las denuncias de crímenes de guerra relacionadas con la operación Margen Protector, pero su informe tardará varios meses en hacerse público. Además, Israel ha anunciado que no va a cooperar con esta investigación oficial de la ONU y es casi seguro que sus conclusiones y recomendaciones no tendrán relevancia práctica debido al veto de EEUU y quizá de otros miembros del Consejo de Seguridad. A la vista de estas circunstancias, la reunión del Tribunal Russell está plenamente justificada, sobre todo si se recuerda el destino que tuvo el Informe Goldstone, preparado en circunstancias similares después de los ataques israelíes contra Gaza de 2008-2009, conocidos como operación Plomo Fundido.

Así, pues, el Tribunal Russell está llenando un vacío normativo en el mundo. No pretende ser una corte legal. De hecho, entre sus recomendaciones figura un llamamiento a la Autoridad Palestina para que se adhiera a la Corte Penal Internacional y presente sus alegaciones ante las autoridades de La Haya para que las investigue y, eventualmente, emita sentencias. No obstante, las realidades del mundo son tales que el enjuiciamiento será imposible, pues Israel no ha firmado el tratado que estableció la Corte Penal Internacional (CPI) y, sin duda, se negará a cumplir cualquier orden de arresto emitida en La Haya: no podrá celebrarse ningún juicio sin la presencia física de los acusados. El valor de las actuaciones de la CPI sería solo simbólico y psicológico, lo cual, en una guerra por la legitimidad, supondría una importante victoria en el “campo de batalla”. Es notable que Hamas haya apoyado el recurso ante la CPI, a pesar de que podría ser acusado por el lanzamiento de cohetes y sus líderes podrían ser condenados por supuestos crímenes de guerra.

Así como los juicios de Nüremberg, que documentaron los crímenes cometidos por los nazis, fueron defectuosos, sobre todo por la exclusión de toda consideración de los crímenes cometidos por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Russell puede ser criticado por ser unilateral. Al mismo tiempo, es casi seguro que, a fin de cuentas, esta evaluación del comportamiento de Israel hacia el pueblo de Gaza será vista como un apoyo a la larga lucha por hacer que el imperio de la ley sea aplicable tanto a los débiles como a los fuertes. En todo caso, es un reflejo de la disparidad en los daños causados por las dos partes.

Recuerdo unas palabras esclarecedoras de Edward Said, pronunciadas en el curso de una entrevista con Bruce Robbins que fue publicada en Social Text (1998): “La principal tarea del intelectual de izquierdas norteamericano, palestino o israelí es revelar la disparidad entre los llamados dos lados, que parecen estar retórica e ideológicamente en un equilibrio perfecto, pero que, en realidad, no lo están. Revelar que hay un oprimido y un opresor, una víctima y un victimario, y a menos que reconozcamos eso, no estaremos a la altura de las circunstancias”.


Richard Falk fue miembro del jurado durante las sesiones del Tribunal Russell en Bruselas. Falk es un experto en derecho internacional y relaciones internacionales y fue profesor en la Universidad de Princeton durante 40 años. Después enseñó en la Universidad de California en Santa Bárbara y desde 2005 es miembro del consejo de administración de la Fundación Paz en la Era Nuclear. Ha sido Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos desde 1967 hasta hace unas pocas semanas.

Traducción: Javier Villate (@bouleusis)