Tres vías para que Israel responda por sus crímenes ante la justicia

Alex Kane

Fuente: Three ways Palestinians can hold Israel accountable for Gaza war crimes, Mondoweiss, 8/09/2014

Palestinos sentados en una tienda de campaña, junto a las ruinas de sus casas destruidas en Beit Lahiya, Franja de Gaza, 11/08/14. (Foto: Reuters / Suhaib Salem)

Desde que las primeras bombas israelíes destruyeron casas palestinas en el reciente ataque militar contra Gaza, numerosos grupos de derechos humanos han acusado a Israel de crímenes de guerra.

Human Rights Watch, por ejemplo, ha documentado testimonios de civiles palestinos que fueron atacados y asesinados cuando huían de Juzáa, un pueblo cercano a la valla de separación israelí. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha puesto en marcha una investigación que examinará las alegaciones de crímenes de guerra contra ambas partes.

Pero la gran pregunta es si los soldados o jefes militares israelíes responsables de los presuntos delitos serán llevados ante los tribunales. Esto no es probable que suceda en el sistema judicial israelí. Las solicitudes de indemnizaciones no suelen prosperar en los tribunales civiles israelíes. El ejército israelí no investiga alegaciones concretas de crímenes de guerra, pero según el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem, “no existe actualmente en Israel ningún organismo oficial capaz de llevar a cabo investigaciones independientes de presuntas violaciones del derecho humanitario internacional”. Tras la agresión israelí de 2009 contra Gaza, solo fueron condenados por crímenes de guerra cuatro soldados, siendo la pena más dura siete meses de cárcel por el robo de tarjetas de crédito.

Si bien las perspectivas de que los criminales sean juzgados son escasas, hay tres vías distintas que los palestinos y sus simpatizantes pueden ensayar para obtener justicia. Son las siguientes.

La Corte Penal Internacional

Esta es la principal opción para los palestinos, a pesar de que la Autoridad Palestina (AP) se haya resistido a utilizarla desde que, en 2012, obtuvo el estatus de estado observador en la ONU. Ese estatus ofrece al estado observador el poder de dar a la Corte Penal Internacional (CPI) jurisdicción sobre los crímenes cometidos en territorio palestino. (Antes de la votación de la ONU, la CPI anunció que no tenía jurisdicción sobre los delitos cometidos en territorio palestino porque no podía decidir si Palestina era o no un estado.) Los palestinos no han ejercido ese poder todavía. Estados Unidos e Israel se han opuesto enérgicamente a la posibilidad de que la AP se una al Estatuto de Roma, el tratado por el que se creó la CPI. Este tribunal fue creado en 2002 para juzgar a personas responsables de delitos graves contra el derecho internacional.

Los palestinos han comenzado a dar pasos lentamente hacia la firmado del citado tratado. Como ha señalado Allison Deger, de Mondoweiss, las autoridades palestinas han escrito cartas para adherirse al Estatuto de Roma. Además, también pueden presentar una declaración que solicite la jurisdicción de la CPI, una iniciativa que fracasó anteriormente porque Palestina no tenía todavía el estatus de estado. Hamas ha expresado su apoyo a la adhesión al Estatuto de Roma, a pesar de que sus lanzamientos de cohetes contra los israelíes también podrían ser investigados.

Si los palestinos deciden firmar el Estatuto de Roma, Abas podría pedir una investigación sobre los crímenes cometidos en Gaza. Eso podría desencadenar una reacción de EEUU e Israel, que podría implicar la interrupción de la ayuda económica a la Autoridad Palestina.

Otra opción sería que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera el caso a la Corte Penal Internacional, tal y como fue sugerido por el Informe Goldstone. Pero puesto que EEUU tiene poder de veto en el consejo, esa vía está condenada al fracaso.

Justicia universal

Este principio, inaugurado con los juicios de Nüremberg, sostiene que un estado tiene jurisdicción sobre los delitos más graves en virtud del derecho internacional. Entre estos delitos figuran los crímenes de guerra, genocidio, tortura y crímenes contra la humanidad. Muchos estados tienen leyes que establecen la jurisdicción universal. Figuras como el dictador chileno Augusto Pinochet han sido detenidas y procesadas en base a este principio. Pero en muchos casos, consideraciones políticas y cuestiones legales han impedido el ejercicio de la justicia universal.

Cualquier estado que tenga leyes que autoricen la jurisdicción universal podría, en principio, iniciar un caso contra los soldados u oficiales israelíes presuntamente responsables de aquellos delitos en la reciente ofensiva de Gaza. Sin embargo, el historial de procesamientos por supuestos crímenes de guerra es realmente desalentador.

El caso más famoso fue abierto en España contra Avi Dichter, exdirector del Shin Bet que ordenó un ataque aéreo contra la casa del miembro de Hamas Saleh Shehadeh en Gaza. El ataque mató a Shehadeh, su esposa, su hija y otros civiles que vivían cerca. El Centro Palestino de Derechos Humanos presentó cargos por crímenes contra la humanidad contra Dichter en España y un juez decidió abrir el caso en 2009. Pero a finales de ese año, el caso fue cerrado.

El Centro para los Derechos Constitucionales presentó una demanda contra Dichter en EEUU por el mismo motivo, pero un tribunal de apelaciones declinó continuar con el proceso, remitiéndolo al poder ejecutivo.

Durante muchos años, las autoridades israelíes han temido viajar al Reino Unido desde que, amparándose en el derecho británico, un grupo de ciudadanos solicitara la justicia universal contra extranjeros que visitaran el país. En 2005, Doron Almog, exoficial del ejército de Israel, huyó de Gran Bretaña después de haber viajado al país. Al parecer, los servicios de seguridad británicos estaban esperándole en el aeropuerto para arrestarle, pero Almog nunca cruzó el control de aduanas.

Después de una intensa presión ejercida por las autoridades israelíes, Gran Bretaña modificó sus leyes de justicia universal en 2011, aunque el diario Haaretz informó el año siguiente que las autoridades israelíes seguían siendo reacias a viajar al Reino Unido por temor a ser arrestadas y sometidas a las leyes de aquel país.

La Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el órgano judicial oficial de la ONU. Pero la capacidad de remitir casos a la CIJ es limitada. La principal vía es que las dos partes estén de acuerdo en someter un caso a la corte. En estos casos, la decisión de la CIJ es vinculante. En el caso de los palestinos, esto es altamente improbable. Israel y los palestinos no van a estar de acuerdo en someter disputas a la corte internacional.

Otra vía es que, a solicitud de los palestinos, la Asamblea General de la ONU remita un caso a la corte tras una votación. Esto solo daría lugar a una decisión consultiva, no vinculante, muy parecida al veredicto de la CIJ de 2004 que estableció que el muro de separación de Cisjordania y los asentamientos eran ilegales de acuerdo con el derecho internacional.

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Alex Kane es periodista independiente y estudiante de licenciatura de los programas de Estudios de Oriente Próximo y Periodismo de la universidad de Nueva York. Puede seguirle en Twitter: @alexbkane

Traducción: Javier Villate (@bouleusis)