Crónica de la contrarrevolución egipcia

Musa Al-Gharbi

Fuente: Chronicling the Egyptian Counter-Revolution, CounterPunch, 27/01/2014

Seamos claros, el ejército egipcio no aspira al control total del estado, con todas las responsabilidades que conlleva. Lo que quiere, lo que ha querido siempre, es no tener que rendir cuentas ante la población civil, tener un presupuesto inmune a la supervisión externa, reservarse el derecho a intervenir en los asuntos públicos del estado cuando lo considere oportuno, pero sin el control recíproco del parlamento, y responder con total impunidad a aquellos que considera una amenaza para el orden social.

Fue al servicio de esos intereses que depusieron a Hosni Mubarak, una maniobra destinada a preservar, no a cambiar, el status quo. A raíz de su primer golpe de estado, lucharon firmemente para impedir que el gobierno civil ejerciera un control significativo de las principales instituciones del estado, esfuerzos que fueron estimulados por otros elementos del “estado profundo” con intereses en el mantenimiento del orden existente. Esto culminó en un segundo golpe de estado, ahora contra el primer presidente elegido democráticamente en Egipto, cuando todavía no llevaba un año en el cargo.

Ha sido una aventura tumultuosa, pero parece que los esfuerzos de la junta militar han dado sus frutos.

Entre los principales motivos de las protestas de los egipcios y de los pueblos de Oriente Medio están la corrupción y el excesivo poder del ejército, la policía y los servicios de inteligencia. Sin embargo, el nuevo proyecto de constitución de Egipto protege a todas estas instituciones y evita que la población civil o el parlamento las controle.

La constitución consagra lo establecido en el documento de Al-Selmi respecto al ejército y extiende muchas de sus disposiciones claves a las autoridades policiales, judiciales y religiosas. Permite que todos estos actores intervengan sustancialmente en el gobierno civil, mientras impide que dicho gobierno interfiera en estas instituciones. En este sentido, establece el poder indefinido del ejército para detener y juzgar civiles, al tiempo que otorga inmunidad a las fuerzas armadas y a la policía.

Hemos de recordar que una de las principales aspiraciones de la coalición que luchó para derrocar a Mursi fue establecer un estado laico en Egipto. Estos opositores vieron frustradas sus aspiraciones (quizá con razón).

En efecto, el proyecto incluye disposiciones que prohíben la participación de partidos políticos “formados sobre principios religiosos”, las cuales serán empleadas, con toda seguridad, para abolir el partido Justicia y Libertad y cualquier otra formación política que tenga lazos organizativos o ideológicos con los Hermanos Musulmanes. Incluso en ausencia de este marco legal, los Hermanos Musulmanes han sido perseguidos sin descanso desde el golpe de estado que expulsó a Mohamed Mursi del poder. (A pesar de la retórica, los Hermanos Musulmanes siguen siendo una fuerza popular. Después de todo, si fueran pocos los egipcios que les apoyan, no habría sido necesario excluirles de las elecciones. Han sido prohibidos no porque el pueblo les odie, sino porque son muchos los que les apoyan.)

Sin embargo, teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero (más de 16.000 millones de dólares) que Arabia Saudí está repartiendo en el país con el fin de evitar el colapso del régimen (y, por tanto, de una revolución), podemos esperar que el partido salafista Al-Nur quedará misteriosamente al margen de esta nueva disposición. Este partido ha apoyado inequívocamente el proyecto de constitución, de la misma forma que apoyó el golpe de estado, buscando, así, aumentar su influencia y la de sus benefactores saudíes. Por su parte, el ejército está tratando de atraer a los islamistas a su lado, alejándoles de los Hermanos Musulmanes.

En resumen, las leyes no pretenden establecer un estado laico en Egipto, sino excluir a determinar fuerzas políticas de la esfera pública.

La nueva constitución militar declara que la sharia es el fundamento de todas las leyes egipcias. Aunque el pasaje que asigna la responsabilidad de interpretar estas leyes a [la universidad de] Al-Azhar ha sido eliminado, considerando que Al-Azhar es EL centro de la jurisprudencia islámica en Egipto (y para buena parte del mundo sunita), este cambio de redacción es poco más que cosmético. De hecho, las autoridades religiosas han jugado un papel central en la legitimación del golpe y de la represión subsiguiente. Como recompensa, el nuevo proyecto constitucional coloca el liderazgo de Al-Azhar más allá de la esfera de responsabilidad civil y reconoce únicamente a aquellos imanes que tengan credenciales de Al-Azhar para predicar, concediéndoles el monopolio virtual de la principal religión de Egipto. Nunca podían haber soñado semejante poder en el régimen de Mursi.

Al mismo tiempo, la constitución solo concede libertad de culto a las tres religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam. No obstante, algunos pueden ver negada esta libertad argumentando que no son musulmanes o cristianos “apropiados”, etc. De hecho, estas medidas ya están en marcha.

Muchos egipcios se opusieron al golpe de estado y han mantenido firmemente su postura. Otros, que apoyaron el golpe creyendo que el ejército devolvería el poder a un gobierno civil, liberal y laico, se han dado cuenta —quizá demasiado tarde— de que la junta militar nunca ha compartido sus valores y aspiraciones. La mayoría de los egipcios estuvo en contra del golpe cuando se llevó a cabo y, a pesar de un aumento temporal del apoyo popular a los militares en el periodo posterior, la mayoría parece estar volviendo a su convicción inicial de que fue un error derrocar a Mursi.

Sea como fuere, dado el cansancio general por tantas protestas, la casi total ausencia de control externo sobre el gobierno y la despiadada represión de la disidencia dentro de Egipto, todo ello ha propiciado que la constitución fuera aprobada con unos números impresionantes. El año que viene será elegido probablemente un nuevo gobierno civil.

El hecho de que ese nuevo gobierno civil tenga un escaso control sobre las instituciones principales del estado, aun cuando las mismas sí ejerzan una excesiva influencia sobre el gobierno, que las injusticias sociales y económicas que motivaron el levantamiento no solo persistirán sino que estarán sancionadas en el documento fundacional del estado, que los derechos y libertades que los manifestantes buscaban no estarán reconocidos de una forma sustantiva, que la influencia frecuentemente criticada de EEUU esté siendo negociada a cambio de un papel más siniestro y de largo alcance en el antidemocrático “Club de los Reyes”, todo esto será convenientemente ignorado por la nueva constitución.

El gobierno provisional acaba de anunciar los resultados del referéndum constitucional: solo el 38,6 por ciento del electorado votó en las urnas; el 98 por ciento de los votantes lo hicieron a favor de la constitución. Dejemos de lado el hecho de que este tipo de triunfos apabullantes evocan las “elecciones” que celebran frecuentemente los dictadores para darse una fachada de legitimidad, sobre todo cuando existe una falta total de supervisión externa sobre cualquier parte del proceso y se reprime toda oposición. Hay otra paradoja inquietante: hemos pasado de un “rotundo respaldo” al golpe de estado a una muy baja participación en el referéndum.

Cuando se aprobó la constitución “islamista”, solo un 32,9 por ciento de los electores votaron en el correspondiente referéndum. Entonces, la oposición denunció la votación como ilegítima, pues, decía, el abrumador apoyo a aquella constitución de quienes acudieron a las urnas no reflejaba la voluntad de la mayoría silenciosa, es decir, los dos tercios que no votaron. De alguna manera, estas preocupaciones han desaparecido misteriosamente ahora que el zapato aprieta en el otro pie.

Como he dicho en otro lugar, es difícil extraer una conclusión clara de la abstención, ya que es ausencia de voto. Pero, dicho esto, parece haber evidencias empíricas que sugieren que diversas corrientes de opinión están en contra de la constitución.

Si tomamos los números al pie de la letra, la única cosa que sugieren los resultados (tanto el apoyo abrumador a la constitución por parte de quienes fueron a votar, como la elevada abstención) es que los egipcios siguen estando profundamente divididos; por tanto, es probable que el referéndum exacerbe la crisis política egipcia en lugar de mitigarla. Quizá es una suerte que la nueva constitución haga que, a partir de ahora, las elecciones sean en gran medida superfluas. Todo está preparado para que el general Al-Sisi se presente como candidato a la presidencia y la contrarrevolución egipcia se haya completado.


Musa Al-Gharbi está realizando su doctorado en la Southwest Initiative for the Study of Middle East Conflicts (SISMEC). Es licenciado en Filosofía por la universidad de Arizona. Puedes seguirle en twitter:@Musa_alGharbi.

Traducción: Javier Villate