Libia: al borde del abismo

Solomon Dersso

Fuente: Libya: on the brink of abyss, Al Jazeera, 16/11/2013

El deterioro de la seguridad y de la situación política en Libia no ha hecho más que empeorar a lo largo del año, alimentando los temores de que el país pueda sumirse en el caos total y la guerra civil. La violencia y la inestabilidad se han incrementado en algunas partes del país, mientras que los niveles de inseguridad, sobre todo en ciudades como Trípoli y Bengasi, han empeorado. Una simple ojeada a titulares como “Libya: Going wrong“, “Libya on the brink“, “Premier’s brief ‘arrest’ highlights anarchy” o “Deepening crisis in Libya” nos muestra la realidad de un estado fracasado.

El último incidente violento, que ocurrió el 15 de noviembre, compendia la gravedad de la crisis. En el peor enfrentamiento callejero entre una de las brigadas revolucionarias de Trípoli y habitantes de la ciudad, murieron al menos 32 personas y unas 400 resultaron heridas.

Uno de los legados de la veloz campaña militar contra el exlíder libio Muamar Gadafi fue el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad y el saqueo de los arsenales de armas del país. Las diferentes formaciones armadas y brigadas revolucionarias que libraron la guerra que derrocó a Gadafi no se integraron en una estructura unificada de seguridad nacional. Al contrario, el Consejo Nacional de Transición reconoció oficialmente a un gran número de grupos armados y promovió la consolidación de las brigadas. Este reconocimiento supuso que los grupos armados dependieran “nominalmente” del ministerio de defensa o del ministerio de interior y se favoreciera su proliferación. Pero las brigadas, conocidas localmente como katibas, han venido actuando, en su mayor parte, de forma independiente. Aunque solo unos 50.000 libios lucharon en milicias contra Gadafi, el número de brigadas ha crecido y la Comisión de Asuntos Bélicos del país cree que, en la actualidad, hay unos 250.000 milicianos armados.

Pasando lista

En el curso de los dos últimos años, los diferentes elementos armados han evolucionado hacia diferentes grupos políticos e ideológicos. Los principales agrupamientos armados incluyen ahora a los Escudos Libios, una coalición de milicias de Zawya, al oeste, y Misrata, al este, autorizada por el gobierno para asegurar la seguridad en Trípoli; los Zintanos, una poderosa milicia tribal beduina cuyos jefes dirigieron la milicia Qaqaa, una fuerza de 18.000 efectivos opuesta a la influencia de los Escudos; el Comité Supremo de Seguridad (CSS), que opera como una policía de facto y tiene una alianza con los Escudos para hacer frente a los Zintanos, y finalmente el grupo federalista de Bengasi, inclinado a establecer su propia administración en la parte oriental del país.

Los intentos del gobierno de afirmar su autoridad sobre las diferentes brigadas han encontrado una fuerte resistencia, debido a varias razones: la falta de confianza en el gobierno, el odio contra el papel percibido o real de la gente del régimen de Gadafi y la rivalidad por la influencia.

El caso del CSS, uno de los muchos grupos que el gobierno reconoció oficialmente para convertirlo en una fuerza policial paralela, es uno de esos ejemplos de resistencia. Como señala un informe del Grupo Internacional de Crisis, “a pesar de varios intentos de integrar al menos a algunas partes en la policía y de su declarada intención de desmantelar el CSS en diciembre de 2012, el gobierno se encontró con una férrea resistencia y algunas unidades siguieron funcionando”.

Aunque el Congreso General Nacional (CGN) adoptó la Decisión 27, que encargaba a los ministerios de defensa e interior la eliminación de todas las “formaciones armadas ilegítimas” de la capital, después de dos días de combates entre las brigadas zintanas, afiliadas al ministerio de defensa, y grupos del CSS, el presidente del CGN autorizó que una coalición de brigadas revolucionarias se ocupara de la seguridad en Trípoli, tras reconocer la incapacidad del ejército y de la policía para hacerlo.

El 7 de noviembre, estallaron en Trípoli nuevos enfrentamientos entre estas brigadas rivales. En ellos se utilizó armamento pesado, tales como cañones antiaéreos y granadas propulsadas por cohetes. A pesar de que dos días antes el primer ministro Alí Zeidan anunció que el gobierno dejaría de pagar, a finales de año, a los milicianos que no se unieran a las fuerzas regulares en ciernes, estos enfrentamientos y los anteriores fracasos arrojaron serias dudas sobre la fortaleza del gobierno para aplicar sus propias decisiones.

El temor a los islamistas

Tras las elecciones del CGN de noviembre de 2012, una de las principales fracturas que ha modelado la política libia ha sido la que ha enfrentado a la Coalición de Fuerzas Nacionales (CFN) y al Partido Justicia y Construcción (PJC) de los Hermanos Musulmanes. Aunque el PJC está empeñado en dominar el CGN y el proceso de transición, la CFN está alarmada por el ascenso de los islamistas.

Con una polarización galopante, el 4 de julio la CFN tomó la decisión de “suspender su participación en el Congreso General Nacional, salvo en los debates y la votación sobre la ley electoral para la asamblea que redactará la constitución”. Preocupada por la consolidación de los islamistas y su control de las instituciones del estado, especialmente después de la aprobación de una controvertida ley de aislamiento político que excluye a muchos opositores a los islamistas de posiciones de poder, la CFN pidió un acuerdo sobre una hoja de ruta que impida la extensión del mandato del CGN más allá de febrero de 2014.

La polarización política ha tomado una dimensión militar y varios grupos armados recurren habitualmente a la fuerza para influenciar al CGN y al gobierno. En un destacado incidente que aclara esta peligrosa tendencia, un grupo secuestró temporalmente a Zeidan, que fue elegido el año pasado por el CGN. Quizá el incidente que mejor ilustra esta tendencia a la militarización de la política sea el asedio de los ministerios de asuntos exteriores, interior y justicia por parte de varios grupos armados el 28 de abril. El asedio, que duró dos semanas, obligó al CGN a adoptar la controvertida ley de aislamiento político y administrativo, cuyo objetivo es expulsar del gobierno a políticos de la era gadafista e impedirles participar en los asuntos públicos durante diez años. La ley provocó la dimisión del Mohamed el-Magariaf como presidente del CGN y del vicepresidente Yuma Atiga el 28 de mayo y el 16 de julio, respectivamente.

¿De mal en peor?

El fracaso en el restablecimiento de la autoridad del estado, la continuación del control de los diversos y rivales grupos armados, la polarización y militarización de la política, las divisiones y los enfrentamientos regionales y tribales, los asesinatos políticos, así como el creciente extremismo y el auge de los actos de terrorismo, todo ello ha emergido como las características de la Libia pos-Gadafi. Si bien hay que añadir el argumento contrario al cambio violento de régimen promovido desde el exterior, el estado preocupante y triste de las cosas en Libia plantea también, inevitablemente, la cuestión de si Libia está peor hoy que bajo el régimen autoritario de Gadafi. Como decía un reportaje del Independent, “todos pensábamos que Libia avanzaría, y lo ha hecho, pero hacia el caos y la ruina”.

Ciertamente, la situación no es de caos total y de guerra civil en toda la regla. Eclipsada por los acontecimientos de Egipto y Siria, la crisis multidimensional de Libia no atrae mucho la atención. Pero si las tendencias señaladas persisten, no está claro qué podría impedir que el país cayera en una importante crisis con implicaciones regionales. Dada la gran cantidad de armas que circulan por el país y la precaria situación de seguridad en el Sahel y África Occidental, incluyendo el auge de movimientos armados, la profundización del caos en Libia afectaría, con seguridad, no solo al norte de África y a toda la región del Sahel, sino también a África Central y el Cuerno de África.


Solomon Ayele Dersso es profesor de derecho y analista político que escribe regularmente sobre temas relacionados con la Unión Africana. Es investigador del Instituto de Estudios de Seguridad con sede en Adis Abeba.

Traducción: Javier Villate