Revocación de la residencia en Jerusalén Este

B’Tselem

18 agosto 2013

Desde 1967, más de 14.000 palestinos de Jerusalén Este han visto cómo su estatus de residentes permanentes de Israel ha sido revocado por el estado. La revocación es parte de la política general de Israel en Jerusalén Este, cuyo objetivo político es mantener un “equilibrio demográfico” en Jerusalén, es decir, asegurar que los judíos representan una mayoría del 70 por ciento de la ciudad. Para alcanzar ese objetivo, Israel hace todo lo posible para aumentar la población judía de la ciudad y reducir su población palestina.

Desde que Israel se anexionó Jerusalén Este y sus alrededores en 1967, ha aplicado allí políticas restrictivas y discriminatorias. Entre ellas se encuentra la ausencia de una planificación adecuada para los barrios palestinos, que ha sido sustituida por sistemáticas prohibiciones de construcción. El rechazo de las solicitudes de reunificación familiar con palestinos de otras partes de Cisjordania. Y la negación de muchos servicios básicos a las comunidades palestinas. Con el paso de los años, el resultado de estas políticas ha sido que decenas de miles de residentes palestinos de Jerusalén Este han abandonado la ciudad. Muchos de ellos se han asentado en los suburbios cercanos o incluso en Jordania. El ministerio del Interior israelí no les advierte a estos palestinos que, al abandonar Jerusalén Este, pueden perder su estatus de residentes permanentes de Israel. Muchos solo se enteran de ello cuando comprueban que ya no pueden volver a sus hogares en Jerusalén Este.

En 1998, la Corte Suprema de Israel dictaminó que el estatus de los palestinos de Jerusalén Este es el de residentes permanentes según la ley de Entrada a Israel. Este estatus es concedido a los extranjeros que se trasladan a Israel por su propia voluntad y desean residir allí. Al otorgar a los palestinos de Jerusalén Este este estatus, Israel les trata como inmigrantes sin el derecho básico de vivir en sus casas. Por el contrario, se considera que el estado les concede este privilegio, un privilegio que puede ser revocado en cualquier momento. Esta actitud no toma en cuenta que muchos de estos palestinos han nacido en Jerusalén, han vivido allí durante años y no tienen otro hogar ni otro estatus legal en ninguna otra parte. A diferencia de los extranjeros que deciden vivir en Israel, es el estado de Israel el que entró en Jerusalén Este y aplicó su ley allí. Sin embargo, los judíos residentes en Jerusalén, que son prácticamente todos ciudadanos israelíes, no corren ningún peligro de perder su estatus civil, independientemente de que vivan en Israel o en Cisjordania.

Una vez que una persona con estatus de residente permanente abandona Israel para vivir en otra parte, pierde automáticamente este estatus. Sin embargo, hasta 1995, Israel no acostumbraba a revocar el estatus de los palestinos de Jerusalén Este que se trasladaban a lugares fuera de Cisjordania. Los que se iban al extranjero conservaban su estatus, siempre y cuando volvieran dentro de un plazo de tres años. La revocación del estatus de residente permanente solo era considerada cuando las personas eran naturalizadas o les concedían estatus de residentes en otro países, o cuando se ausentaban de Jerusalén Este  durante más de siete años. Los palestinos que se trasladaban a otros lugares de Cisjordania conservaban su estatus de residentes sin limitaciones.

En diciembre de 1995, sin previo aviso, el ministerio del Interior modificó esta política, argumentando que, a diferencia de la ciudadanía, la residencia permanente era una cuestión de realidad cotidiana, de forma que cuando esa realidad cambiaba, el estatus de residencia dejaba de ser válido. En consecuencia, todos los palestinos de Jerusalén Este que no habían vivido en la ciudad durante siete años o más perdieron su derecho a vivir allí. El hecho de que algunos de ellos hubieran vuelto al cabo de los años y que el ministerio hubiera renovado los permisos de residencia a aquellos que vivían en el extranjero y les hubiera proporcionado otros servicios, eso no servía para nada.

 

Israel maneja una política de residencia discriminatoria con los palestinos para conseguir una mayoría judía en Jerusalén Este.

El ministerio comenzó a pedir que la gente ofreciera pruebas de que Jerusalén era el “centro de su vida”, pruebas muy exigentes, que requerían la presentación de muchos documentos, como los papeles de propiedad de la vivienda o el contrato de alquiler, varias facturas (agua, electricidad, tasas municipales), nóminas, pruebas de haber recibido atención médica en la ciudad, certificados de escolarización de los hijos, etc. Los palestinos que no conseguían probar que habían vivido en Jerusalén en los últimos siete años consecutivos eran obligados a abandonar sus casas, sus familias y sus empleos. Se les negaba el derecho a vivir y a trabajar en Jerusalén, así como en el resto de Israel. Además, ellos y sus familias eran privados de las prestaciones sociales. El estatus de sus hijos era también revocado, salvo en los casos en los que el segundo padre tuviera un estatus de residencia válido.

Varias organizaciones de derechos humanos recurrieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) esta política de “reubicación silenciosa”. En marzo de 2000, Nathan Sharanski, entonces ministro del Interior, remitió una declaración jurada al TSJ en la que anunciaba que la política sería cancelada. En la declaración jurada, el ministro declaraba su intención de volver a la política anterior a diciembre de 1995: todo palestino de Jerusalén Este que volviera para renovar su permiso en el plazo legal y mantuviera la “pertinente adhesión” al estado de Israel, conservaría su estatus como residente permanente, aunque hubieran vivido en Jordania o en otros países. Además, no se revocaría el estatus de residencia permanente de los residentes en Jerusalén que se hubieran trasladado a otras áreas de Cisjordania siempre y cuando mantuvieran la citada adhesión. Según la declaración jurada, se restauraría el estatus de residencia a aquellos palestinos a los que se les hubiera cancelado desde el cambio de política de 1995, siempre y cuando hubieran residido al menos dos años en Jerusalén. La presencia en la ciudad sin estatus de residencia sería, en sí misma, una violación de la ley y las personas ilegales no podrían obtener permisos de trabajo.

Durante varios años, el número de revocaciones de estatus de residencia disminuyó. Sin embargo, a partir de 2006, el ministerio del Interior incrementó el número de revocaciones, alcanzando un clímax en 2008, con 4.577 cancelaciones de estatus de residencia. Desde 2010, esa cifra ha empezado a bajar. Según los datos oficiales, desde 1967 han “expirado” más de 14.000 permisos de residencia, siendo 11.000 posteriores a 1996. En 2012, el ministerio revocó el estatus de 116 palestinos. En la mayoría de los casos, la excusa fue que vivían en el extranjero, mientras que varios cientos se debió a que residían en los Territorios Ocupados. Hasta el momento, solo unos centenares de palestinos de Jerusalén Este han conseguido que les restauren sus estatus de residencia permanente.