El censo israelí ‘desnacionaliza’ a los palestinos

Dalia Hatuqa

Fuente: New Book Says Israeli Census ‘Denationalizes’ Palestinians, Al-Monitor, 11/02/2012

Palestinos muestran sus carnés de identidad a la policía israelí en un autobús en Jerusalén, 12 agosto 2004 (Reuters/Gil Cohen).

Con el fin de retener el máximo de territorio con el mínimo de palestinos como sea posible, el estado de Israel ha puesto en práctica, a lo largo de su historia, varias medidas para desposeer a los residentes de Cisjordania y la Franja de Gaza. La naturaleza sistemática de estas medidas es detallada en un nuevo libro publicado por Nadia Abu Zahra, una palestina que vive y enseña en Canadá, y Adah Kay, una judía británica, en el que se revela que esta práctica ha sido utilizada durante mucho tiempo por las autoridades israelíes, con gigantescas ramificaciones.

Entre 1967 y 1994, Israel revocó la residencia de unos 250.000 palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. En 2011, el ministerio israelí de interior revocó el estatus de residente de 101 palestinos de Jerusalén Este. Estos son los datos de los casos documentados por HaMoKed, un grupo israelí de derechos humanos que se creó durante la primera intifada. Además de varias violaciones de los derechos humanos, el grupo documenta casos de palestinos afectados por la práctica regular del estado israelí de revocar los derechos de residencia, especialmente de los palestinos que viven en Jerusalén Este.

El libro, Unfree in Palestine, que se publicó esta semana en Cisjordania, examina los métodos de control empleados por Israel para “ocupar Palestina desde antes de su creación”, como han sido los carnés de identidad que empezaron siendo rojos en los años 50, después naranjas y ahora verdes o azules (dados a los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza o Jerusalén, respectivamente).

Los autores trazan la historia de la desnacionalización de los palestinos mediante las herramientas burocráticas de empadronamientos y censos de la población, lo cual, argumentan Zahra y Kay, “hace posible la coerción, las listas negras y las restricciones de movimientos” por parte de las autoridades israelíes.

“En la actualidad, los palestinos están diseminados en diferentes territorios y países”, dice Abu Zahra. “Aunque estén desplazados, todos han tenido alguna nacionalidad en algún momento”. Los autores subrayan que se trata de “la mayor desnacionalización de la historia moderna realizada por los fabricantes del censo” y consideran que es una gran ironía que los palestinos que huyeron o fueron obligados a exiliarse en 1948 estén incluidos en el censo.

“Este censo se convirtió en una auténtica herramienta para la desposesión. La idea era averiguar quién iba a ser excluido”, explica Abu Zahra. Mientras miles de hombres y chicos fueron cautivos, 5.000 fueron excluidos del censo, añadió. Eso representó el 14 por ciento de todos los varones palestinos de edades comprendidas entre los 15 y los 60 años en aquel momento. Además, entre 13.000 y 15.000 palestinos del Nakab (Neguev) fueron excluidos en secreto y otros 40.000 de la Alta Galilea quedaron fuera antes de que el censo fuera terminado, seguidos por otros 31.000 que vivían en áreas anexionados cuando se estableció la línea del armisticio con Jordania y los 500.000 que vivían en Cisjordania y la Franja de Gaza. El resultado final fue que solo 69.000 palestinos fueron incluidos en el censo, según los autores.

Abu Zahra y Kay dicen que, hasta el presente, el censo sigue siendo el principal instrumento de desnacionalización, junto a una serie centralizada de permisos y carnés de identidad que restringen los movimientos y afectan a todos los aspectos de la vida de los palestinos, desde la residencia al acceso a la salud y al empleo, la reunificación familiar e incluso la conducción de vehículos.

Se calcula que, desde 1967, unos 14.000 palestinos con residencia en Jerusalén han visto revocados sus carnés de identidad. Poco después de 1967, Israel efectuó un censo de la población palestina de Jerusalén y concedió a quienes estaban entonces en la ciudad el estatus de residente (no de ciudadanía). En 1995, se obligó a los palestinos de Jerusalén a probar que el “centro de sus vidas” estaba en Jerusalén, teniendo que presentar documentos que demostraran que vivían, trabajaban y pagaban facturas e impuestos a la propiedad (arnona) en la ciudad. En caso contrario, eran despojados de sus carnés de identidad.

Incluso hoy en día, es Israel, no la Autoridad Palestina (AP), quien controla el registro de población de todos los residentes entre el río Jordán y el Mar Mediterráneo. Los palestinos solicitan los carnés de identidad o la reunificación familiar a la AP, la cual, a su vez, remite esas solicitudes a las autoridades israelíes. Los autores señalan cómo el registro “puede conducir a la discriminación y las listas negras”, haciendo que una herramienta ideada para conceder las protecciones de la residencia sea utilizada para despojar a los palestinos de sus derechos.

Otra consecuencia de estas políticas es la coerción o la concesión selectiva de ciertos derechos para algunas personas durante algún tiempo a cambio de algún servicio. El libro cita, por ejemplo, casos de “colaboración”, que fueron muy abundantes en el periodo de 1948-1966 y son indicativos, en todas las regiones del mundo en las que hay algún conflicto, de las desigualdades de poder.

Con la creación del registro de población, se creó también el poder absoluto para incluir o excluir a los individuos (ciudadanos o no ciudadanos) del estado y, con ello, la concesión o anulación de todos los derechos que conlleva (servicios civiles, educación, sanidad, residencia) por medio de la arbitrariedad burocrática. Con este esquema, la negación de los derechos básicos conduce al reclutamiento de colaboradores.

Entre los asistentes a la presentación del libro en Ramalá estaba un profesor de la Universidad de Birzeit, quien recordó que en 1975 fue abordado por las autoridades israelíes después de que hubiera solicitado una línea telefónica. Dijo que le ofrecieron un teléfono a cambio de información sobre su comunidad. En una reunión con dos miembros de los servicios de inteligencia en el Hotel Rey David de Jerusalén Oeste, estos le preguntaron: “¿Podemos llamarle a su teléfono de vez en cuando para hacerle algunas preguntas?”. El profesor rechazó educadamente la propuesta y tuvo que esperar varios años para que le instalaran una línea telefónica en su casa.


Dalia Hatuqa es colaboradora de Al-Monitor y periodista especializada en Oriente Medio. Vive en Ramalá y escribe en varias publicaciones sobre política, economía, cultura, arte y diseño.

Traducción: Javier Villate