Cómo se fabrica la impunidad de los soldados israelíes

Ramona Wadi

Fuente: How Israeli soldiers are protected from criminal investigations, Middle East Monitor, 7/02/2013

La solicitud de una organización de derechos humanos, Yesh Din, a las autoridades israelíes de datos sobre las quejas presentadas contra abusos cometidos por los soldados del ejército hebreo pinta una imagen que, no por conocida, deja de ser preocupante de la situación de los palestinos bajo la ocupación.

Suministrado por el portavoz del ejército el 23 de enero de 2013 y analizado por Yesh Din, el informe muestra una tendencia de impunidad que no hace más que reforzar la política israelí de discriminación y violencia, al tiempo que limita el derecho de los palestinos a la autodeterminación.

De las 240 demandas presentadas por palestinos ante las Divisiones de Investigación Penal de la Policía Militar (MPCID, por sus siglas en inglés), solo se abrieron 103 investigaciones durante 2012.

Y la única acusación que se produjo en 2012 se refirió a una investigación abierta ese año, en la que un soldado israelí fue acusado de violencia contra un palestino detenido en 2010. Yesh Din no ha recibido ninguna copia de la sentencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Otras investigaciones se refieren a las muertes de palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, pillaje, violencia, lesiones y vandalismo.

La disminución de las investigaciones, que de ninguna forma significa un procesamiento contra soldados israelíes y las actividades criminales, forma parte de un proceso burocrático que elimina cualquier parecido con la justicia para los palestinos. Como se explica en una publicación de Yesh Din de 2011, titulada “Supuesta investigación: La inexistencia de investigaciones sobre delitos cometidos por las FDI contra los palestinos”, desde la segunda intifada, las investigaciones penales sobre supuestos abusos han estado “condicionadas a la realización de una investigación preliminar”. La decisión de abrir una investigación corresponde a la Abogacía General del Ejército, que luego traslada la responsabilidad al MPCID hasta que se termina la investigación. Luego, un abogado militar decide si la investigación ha ofrecido alguna prueba de un delito penal.

Las investigaciones preliminares son, también, evaluadas por las fuerzas que supuestamente han cometido la violación y esta información es la base para decidir si se abre una investigación o no. Los palestinos que presentan demandas son marginados por este procedimiento burocrático e injusto, en el que las víctimas son invisibles. Durante todo el proceso, no se toman declaraciones a los palestinos víctimas de los abusos de las FDI, lo que hace que el proceso se parezca más a una “investigación interna” que a una investigación judicial.

Por otro lado, el artículo 539a (b)(2) del Código de Justicia Militar declara que “la recogida de información será confidencial para todas las personas y proporcionada, en parte o en su totalidad, solamente a aquellos organismos militares que necesitan dicha información para el cumplimiento de sus obligaciones”. Limitar el acceso al personal militar tiene importantes consecuencias para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, obstaculizando los posibles recursos contra las decisiones. Otros problemas son la posible coordinación de testimonios entre los soldados de las FDI, la reconstrucción de las actividades criminales como delitos menos graves y la destrucción de pruebas.

Los palestinos de Cisjordania no tienen acceso al MPCID. La alternativa es hablar con organizaciones de derechos humanos y ONGs para que estas presenten una demanda contra los abusos del ejército. Aunque esto es una alternativa a la pasividad, el proceso de mediación no aborda los testimonios de los palestinos en persona.

Ante la manipulación de la justicia en Israel, los palestinos se ven obligados a enfrentarse a un sistema basado en la negligencia en materia de derechos humanos, lo que ha consolidado una estructura de secretismo e impunidad. La obsesión de la ocupación con la deconstrucción de la memoria presenta opciones insostenibles para los palestinos, creando un círculo vicioso en el que los problemas de seguridad son, una vez más, presentados como justificaciones para nuevas represalias sancionadas por el Estado de Israel.

Traducción: Javier Villate