Adam Isaacson

Publicado originalmente en: Colombia, a state of flux, openDemocracy, 9/02/2012

El 20 de febrero de 2012 será un aniversario lleno de frustración en Colombia. Hace diez años, tras el secuestro por parte de la guerrilla de un senador, el entonces presidente Andrés Pastrana puso fin bruscamente a más de tres años de accidentadas conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante los próximos diez años, más de 22.500 colombianos murieron en el combate, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad. Muchos miles más perdieron sus vidas en hostilidades entre grupos armados ilegales y como víctimas civiles.

Al final de esta década, los grupos armados colombianos que llevan casi medio siglo de lucha armada (FARC, ELN y grupos ‘paramilitares’ financiadas con el narcotráfico) han cambiado y son notablemente más débiles. Pero se mantienen y amenazan con seguir activos. Pero los colombianos son más optimistas sobre las perspectivas del país que en 2002. El presidente, Juan Manuel Santos, se ha hecho eco de ese sentimiento al decir a un grupo de inversores brasileños que Colombia tiene una nueva agenda. Somos un país preparado para el despegue.

Pero, ¿tienen razón los optimistas? ¿Son la violencia y los problemas del tráfico de drogas una mera ‘molestia’ incapaz de impedir que Colombia siga la trayectoria del Brasil de Lula? ¿O son las desigualdades fundamentales, la injusticia, la corrupción y el imperio de la ley graves problemas que amenazan con lanzar al país al abismo en cualquier momento?

Podría ir en cualquier dirección. No importa cuál sea el tema hoy en Colombia, predominará la cuestión del vaso medio lleno o medio vacío, y las dos visiones se basan en hechos mensurables.

Una seguridad difícil de alcanzar

Tomemos, por ejemplo, la situación de la seguridad del país. La imagen que desprenden las noticias parece buena. La ofensiva militar contra la guerrilla y el acuerdo negociado que ha desmovilizado —y retirado buena parte del apoyo del gobierno— a los paramilitares han reducido mucho la violencia. Los asesinatos han caído un 50 por ciento desde 2002 y los secuestros, un 90 por ciento. Esto hace que Colombia sea una excepción en América Latina, donde el crimen violento está creciendo en casi todas partes.

Las fuerzas de seguridad han propinado grandes golpes a los grupos armados. El destacado líder de las FARC Alfonso Cano fue asesinado en noviembre de 2011. El ERPAC, el grupo neoparamilitar que domina las llanuras orientales de Colombia, se desmovilizó en diciembre de 2011, un año después de que mataran a su líder. El 1 de enero de 2012, las fuerzas del gobierno mataron a Juan de Dios Usuga, uno de los dos hermanos que comandaban al grupo neoparamilitar los urabeños.

Sin embargo, las noticias más recientes son mucho menos alentadoras. En respuesta a la muerte de Usuga, los urabeños ordenó que todas las empresas de una amplia zona del norte del país cerraran, una ‘huelga armada’ más ambiciosa que todas las que hayan intentado las FARC. Mientras tanto, en 2011 los secuestros crecieron un 5 por ciento y los ataques de la guerrilla —en su mayoría, emboscadas, artefactos explosivos improvisados, minas terrestres y fuego de francotiradores en zonas remotas— mataron a más de 400 soldados y policías por tercer año consecutivo. A principios de febrero de 2012, las FARC explosionaron bombas junto a dos comisarías de policía en el suroeste del país, matando a quince personas, once de ellas civiles. La guerrilla atacó a las fuerzas de seguridad en 132 ocasiones en los primeros 20 días de 2012.

La historia de la lucha de Colombia contra el narcotráfico es igualmente entreverada. Al final de la década del 2000, el país redujo las fumigaciones aéreas con herbicidas (que se habían extendido en los primeros años de la década, bajo el ‘Plan Colombia’) y aumentó la erradicación manual de plantas de coca. Esto parece estar reduciendo el cultivo de coca, hasta el punto de que Perú podría haber producido más hoja de coca en 2011.

Sin embargo, la actual cosecha de los señores de la droga —como Daniel ‘El Loco’ Barrera y el capo ‘Sebastián’ o ‘Don Mario’, que al parecer siguen dirigiendo al grupo de los urabeños desde la cárcel— sigue siendo abundante y políticamente poderosa, gracias a la corrupción de las autoridades. Sigue produciéndose más cocaína en Colombia que en cualquier otro país, y la gran mayoría de la cocaína con destino EEUU sale de territorio colombiano, bien de las costas del país o por aire, tras introducirse a Venezuela.

Una forma de justicia

Por su parte, las relaciones de Venezuela con Colombia son tranquilas y cordiales. La situación de ausencia de ley y orden en el lado venezolano de la frontera, y las acusaciones colombianas contra el gobierno izquierdista de Venezuela de dar protección a las FARC, han provocado situaciones muy tensas entre los dos países durante el mandato de Álvaro Uribe en Colombia, entre 2002 y 2010. Tras derrotar a Uribe en agosto de 2010, Juan Manuel Santos ha llevado a cabo un acercamiento hacia Hugo Chávez.

El deshielo de las relaciones entre Colombia y Venezuela es, no obstante, frágil, siendo el supuesto apoyo de Venezuela a las FARC un elemento de discordia. No ha ayudado el hecho de que el nuevo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’, se esconda en la zona venezolana fronteriza con Colombia, o que el nuevo ministro de Defensa de Venezuela, el general Henry Rangel Silva, esté buscado en EEUU por supuesta colaboración con las FARC. Pese a todo, los diplomáticos de ambos países están esforzándose por mantener las cosas en equilibrio, especialmente debido a la lucha de Chávez con el cáncer y la cercanía de las elecciones presidenciales en Venezuela, que tendrán lugar en octubre.

La política doméstica de Colombia también ha cambiado después de ocho años de gobierno derechista de Uribe. Aunque fue ministro de Defensa de Uribe durante tres años, Juan Manuel Santos ha terminado con las disputas del expresidente con el sistema judicial y con las acusaciones públicas acerca de grupos de derechos humanos con supuestos vínculos con terroristas. Su gobierno ha elevado el salario mínimo colombiano y ha empezado a aplicar una ley que devolverá millones de hectáreas de tierras robadas por los grupos armados desde comienzos de los años 90.

Estos desarrollos han empequeñecido la figura del expresidente Uribe (que ha expresado enérgicamente su desacuerdo con algunas políticas de su sucesor, en particular el acercamiento a Venezuela). Además, se ha visto obligado a defender a sus aliados políticos y a sí mismo contra las acusaciones de escándalos de corrupción, espionaje de oponentes políticos y colaboración con grupos paramilitares.

No está claro, sin embargo, si el gobierno de Bogotá podrá completar el programa de devolución de tierras. Algunas de las áreas en las que se robó la mayoría de las tierras siguen estando asoladas por la violencia o bajo la influencia de propietarios corruptos que han apoyado tácticas violentas en el pasado reciente. Desde que Santos fue nombrado presidente, han sido asesinados más de 20 líderes de grupos que promueven la devolución de las tierras. A medida que el plan de restitución avance e intente controlar las tierras robadas, la vida podría ser aún más peligrosa para las víctimas que luchan por recuperar lo que les arrebataron.

La capacidad y la voluntad de las fuerzas de seguridad para proteger a las víctimas será vital. Para asegurar que la restitución se lleva a cabo —y que las FARC y los ‘nuevos’ grupos paramilitares no se refuercen— el gobierno de Santos necesitará la cooperación de un ejército que está adquiriendo cada vez más peso político. Con casi 300.000 efectivos (más 160.000 de la policía) y un buen bocado del presupuesto nacional, las fuerzas armadas de Colombia se han convertido en una institución mucho más poderosa que lo que era hace diez años.

Y, encima, están enfadados. En los últimos años, el sistema judicial civil colombiano se ha mostrado más independiente y ha sentenciado a penas de prisión a varios oficiales de alto rango por crímenes contra los derechos humanos. Los veredictos, que han incomodado al sector más duro del ejército, tienen que ver con abusos cometidos durante lo que sigue siendo un caso supersensible: la desproporcionada respuesta del ejército a un incidente ocurrido en 1985, cuando un grupo guerrillero tomó el palacio de justicia de Bogotá.

Algunos analistas de las fuerzas armadas colombianas, incluyendo oficiales retirados, dicen que los recientes reveses —tal como el auge de ataques de las FARC— pueden deberse, en parte, a que los oficiales descontentos eluden deliberadamente el combate. Mediante una especie de ‘huelga de brazos caídos’, estarían exigiendo una mayor impunidad, recordando a los dirigentes civiles que necesitan al ejército más de lo que este les necesita a ellos.

Durante un debate parlamentario sobre la reforma constitucional en otoño de 2011, el ministro de Defensa introdujo una aparente respuesta a esta ‘huelga’: una sección propuesta que enviaría los casos de derechos humanos, en primer lugar, al sistema judicial militar (donde la impunidad en el pasado ha estado prácticamente asegurada) en lugar de al sistema civil. Esto supondría un gran revés para los derechos humanos en Colombia. Puede ser difícil de creer que esto suceda poco después de que las fuerzas armadas mataran supuestamente a más de 3.000 civiles y afirmaran que sus víctimas eran miembros de un grupo armado muertos en combate, pero el ejército puede estar a punto de conseguir el derecho de juzgar a sus propios hombres por crímenes contra los derechos humanos.

Mientras tanto, en la cuestión aparentemente eterna de las perspectivas de la paz en Colombia, el panorama es menos alentador, pero también con claros y oscuros. Las fuerzas armadas creen que están en la fase final de su conflicto con las FARC y, tal vez con la mitad de los colombianos, no están a favor de las negociaciones de paz. Sin embargo, el nuevo líder de las FARC ‘Timochenko’ ha sido mucho más explícito que sus predecesores: en un tono casi conciliador, ha expresado su deseo de reiniciar las conversaciones de paz. A pesar de todo, a comienzos de febrero, entre muchos pronunciamientos de ambos lados y la falta de voluntad del ministro de Defensa para permitir que actores externos —como el gobierno brasileño— ayuden al proceso, las FARC rescindieron una oferta para liberar a seis miembros de las fuerzas de seguridad que tenían secuestrados desde hace más de diez años.

El papel de Washington

Antes incluso de que el último proceso de paz terminara, Estados Unidos había jugado un papel crucial en todos los asuntos de la paz, la guerra, el narcotráfico y la política doméstica. Hoy, el papel de EEUU es contradictorio: cada vez menor, pero importante.

La reducción de la influencia de EEUU es palpable. La ayuda se ha reducido y será de 300 millones de dólares en ayuda militar y policial para 2012, una vuelta a los niveles anteriores a 1999. En 2011, el Congreso de EEUU ratificó el acuerdo de libre comercio de 2006 con Colombia, lo que significa menos presión de EEUU sobre las políticas laboral y de derechos humanos de Colombia. Washington está preocupado por las crisis violentas en otras parte del hemisferio, sobre todo en México y América Central.

Al mismo tiempo, EEUU sigue jugando un papel determinante. En 2011, Washington aprobó 215 millones de dólares en nuevos contratos de USAID destinados a un controvertido programa de asistencia militar y para el desarrollo conocido como ‘Consolidation’, que se desplegará en cuatro zonas de Colombia. Y la ayuda de EEUU al sistema judicial colombiano, que no se ha reducido seriamente en el presupuesto de 2012, es más importante que antes.

Se trate de los juicios por violaciones de los derechos humanos, la devolución de tierras, los esfuerzos para frenar el crimen organizado o combatir la corrupción, todos los caminos de Colombia pasan a través de un sistema judicial asediado pero independiente. Su capacidad para hacer su trabajo podría marcar la diferencia entre una Colombia enferma y una Colombia que podría seguir los pasos de Brasil. Con todo, el apoyo de EEUU al sistema judicial colombiano es un dinero muy bien gastado en estos momentos, y mucho más importante que gastar dinero en una guerra que puede rugir por los menos otros diez años.

Adam Isaacson es investigador asociado en política de seguridad regional de la Oficina de Washington sobre América Latina.


Traducción: Javier Villate