La reforma de la Seguridad Social en Estados Unidos

Matt Kennard

Publicado originalmente en: America’s social security: reforming a giant, openDemocracy, 23/01/2012



La seguridad social, el sistema de pensiones del estado de EEUU, se ha convertido en uno de los temas definitorios de la campaña de las primarias republicanas, mientras la campaña de las elecciones presidenciales cobra ímpetu. Los grupos de estudios de ambos lados del arco político están esbozando planes para la reforma del sistema, planes que, hasta el momento, los políticos no han sido capaces de consensuar. El sector privado de EEUU ha estado esperando durante décadas para tener acceso al programa de un billón de dólares. Ahora, los grupos de estudios de la derecha están buscando formas para lograrlo.

La administración de Barack Obama anunció que, desde enero de 2012, 55 millones de beneficiarios de la seguridad social obtendrán incrementos medios de 39 dólares al mes, o alrededor de 467 dólares al año. La ayuda, que refleja una inflación más alta, fue bien recibida por muchos, pero puso de manifiesto una vez más el enorme gasto que tendrá que pagarse en las décadas venideras.

Rick Perry, el gobernador de Texas que ha presentado su candidatura en las primarias republicanas, refiriéndose a este déficit, denominó al programa plan Ponzi. Mike Meedham, director ejecutivo de Heritage Action, una organización conservadora, ha sido más moderado, pero igualmente claro al decir: Todo el mundo en la derecha de este país sabe que la seguridad social está en un camino fiscalmente insostenible.

Antes de que las primarias se pusieran en marcha, el tema de la reforma de la seguridad social no era discutido por la derecha. La razón principal fue el intento fallido de George W. Bush de privatizar parte del sistema al comienzo de su segundo mandato.

En 2005, Bush quiso tomar parte de los impuestos de la seguridad social (en un momento en que la seguridad social estaba teniendo superávits) y poner el grueso del dinero en un plan de ahorros. Ese dinero sería invertido y las prestaciones de la seguridad social serían el resultado de sumar los beneficios del gobierno y de la cuenta privada.

La idea es ahora ampliamente rechazada por los conservadores. Pero la reforma no.

Dejamos de utilizar la palabra privatización alrededor de 1999, dice David Corn, miembro de Heritage Action. Quiero desesperadamente evitar esa palabra, pues no describe el tipo de reformas de las que está hablando la gente.

El país no estaba de humor durante la presidencia de Bush, añade Meedham. Ahora, los estadounidenses se están dando cuenta de que estamos en un punto de inflexión, vemos en Europa lo que podría ser el futuro.

En EEUU, como en la mayoría de los países, la seguridad social es financiada mediante la retención fiscal, en la que los empleados contribuyen con el 6,2 por ciento de sus ingresos y la empresa aporta otro 6,2 por ciento por cada empleado. Eso se utiliza para financiar las pensiones de jubilación y un programa más pequeño para discapacitados. El sistema se enfrenta con un dilema cuando se encuentra con tasas de crecimiento económico más bajas, una natalidad decreciente y un número creciente de personas mayores.

El fondo de la seguridad social ha invertido alrededor de 2,6 billones de dólares en bonos del tesoro especiales. Muchos analistas de los primeros años de este siglo creían que el programa tendría problemas de liquidez en 2017, pero esos problemas ya existían en 2010. De acuerdo con las actuales proyecciones, la caja se quedará sin dinero en 2036.

Quienes apoyan el sistema actual hablan de cambios en la fiscalidad o de que la seguridad social tiene garantizada la financiación para 25 años, pero esto es como el arreglo de un tejado: cuanto más tarde lo arregles, más caro será, dice Corn.

Tenemos casi una tercera parte de la población adulta en la seguridad social, dice Eugene Steuerle, miembro del Urban Institute, que ha elaborado un plan de reforma de la seguridad social. Tendremos aproximadamente dos trabajadores por cada persona en la seguridad social cuando el crecimiento demográfico remita. Antes, esta relación era de seis a uno.

Y añade: Eso significa que los trabajadores tendrán que pagar mucho más, o que los beneficiarios recibirán una parte menor del ingreso nacional. La izquierda y la derecha quieren eludir esta cuestión.

La bala del billón de dólares

Las espadas están en todo lo alto. La seguridad social, junto con Medicaid/Medicare y los gastos de defensa, es uno de los tres ‘problemas de billones de dólares’, que si se resuelve podría acabar con el déficit fiscal que condujo a la reciente devaluación de la deuda soberana de EEUU.

La mayoría de los analistas dice que la seguridad social es el único problema que puede resolverse con facilidad. Hay tres formas en que el programa puede evitar la insolvencia: pagar más al sistema, recortar las prestaciones o retrasar la edad de jubilación. Existe un consenso entre demócratas y republicanos acerca de que un cambio en la estructura de las prestaciones puede funcionar si es progresiva, es decir, si reduce el programa más para quienes tienen altos ingresos que para quienes tienen bajos ingresos.

La seguridad social no ajusta sus prestaciones en función de los precios. Cuando se establecen los beneficios iniciales, se calcula un promedio de los ingresos a lo largo de la vida profesional y se incrementa según el porcentaje de aumentos salariales durante esa vida profesional, no según los precios.

He aquí la cuestión, dice Robert Pozen, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y experto en seguridad social. Si hoy pasamos de unos beneficios iniciales basados en los salarios a unos basados en el índice de precios, y mantenemos todo lo demás igual, tendremos un déficit de 13 billones de dólares. Tendríamos que eliminarlo de forma inmediata.

Los salarios, sigue diciendo, suben un 1 por ciento más que los precios. Pozen llama a su propuesta reforma progresiva de las prestaciones y estima que reduciría el déficit a largo plazo desde los 13 billones de dólares a unos 3 o 5 billones.

Por su parte, Heritage Action propone un sistema mixto, público-privado, y una racionalización de la estructura de prestaciones. Lo que decimos en Heritage es que debería haber prestaciones uniformes, dice Corn. Sería el equivalente al 140 por ciento del umbral de la pobreza, que se calcula en 1.200 dólares al mes como prestaciones promedio que recibe una persona.

Elevarían la edad de jubilación, reflejando los cambios en la longevidad, además de cambios en la fórmula utilizada para el incremento anual del coste de vida. Las divisiones políticas en EEUU, tanto dentro de los partidos como entre ellos, hacen que sea difícil poner en práctica los planes. Pero un gran problema necesita una respuesta imaginativa. Los próximos años mostrarán si el sistema político norteamericano puede producir esa respuesta.

Traducción: Javier Villate